El anteproyecto de ley pretende la reforma del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, con el fin de «mejorar la Justicia y despartidizar» ese organismo de oficialismos y oposiciones, se informó hoy.
En una conferencia de prensa encabezada por Alberto Garay y Cecilia Mairal, presidente y vice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos, Alfredo M. Vítolo, presidente de Fores (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia), y Guillermo Lipera, secretario de IDEA, se detallaron los principales puntos de la iniciativa que elevarán al Senado nacional.
«Este anteproyecto tiene como principal eje el propósito de asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia»
«Este anteproyecto tiene como principal eje el propósito de asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia», dijo Lipera, y sostuvo que «es necesario contar con instituciones sólidas para generar confianza y lograr una Argentina sostenible en el largo plazo».
Garay afirmó que se «busca que se respete la división de poderes efectiva y el estado de derecho. Queremos una justicia eficiente y al servicio del bien común, no sospechada de proteger poderes o intereses particulares. El Consejo de la Magistratura es la clave para recuperar las instituciones y jueces independientes e idóneos, con solvencia moral y jurídica».
Vítolo manifestó a su turno que «esta iniciativa busca rescatar la intención del Constituyente de 1994, procurando la reducción de la influencia de la política partidaria en el proceso de elección y remoción de jueces. Lo que se pretende es lograr ese ‘equilibrio’ del que habla la Constitución y objetivar el proceso de conformación de las ternas de candidatos».
Entre otros puntos, el anteproyecto propone un Consejo de 13 miembros, con 4 representantes del Poder Judicial (el Presidente de la Corte y 3 jueces), 1 del Poder Ejecutivo, 3 diputados de tres bloques distintos, 4 abogados (2 de la ciudad de Buenos Aires y 2 de las provincias) y 1 académico, representante elegido por la totalidad de los profesores titulares de Derecho de Facultades Públicas y Privadas.
«esta iniciativa busca rescatar la intención del Constituyente de 1994, procurando la reducción de la influencia de la política partidaria en el proceso de elección y remoción de jueces»
Además, expresaron que así «se fortalece la Escuela Judicial y se establecen concursos más objetivos en base al mérito de los postulantes. Se elimina la discrecionalidad política en las entrevistas que no podrán alterar el orden de mérito».
Asimismo, según el proyecto, «se establecen plazos obligatorios a fin de dar celeridad a los procesos de selección de magistrados. El Poder Ejecutivo cuenta con 30 días para elevar pliego y el Senado 90 días para aprobarlo. Se garantiza el proceso de participación ciudadana y audiencia pública».
También «se establece un tribunal de enjuiciamiento permanente para intervenir en los procesos de remoción de los jueces. Los estamentos de los jueces y abogados elegidos por sus pares no podrán pertenecer ni responder a partido o a grupo político alguno».
Entre otras asociaciones, adhieren Fores, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, AmCham Argentina (Cámara de Comercio de EEUU en Argentina), Idea, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, Asociación Conciencia, Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas y diversas cámaras de comercio binacionales.
