POR VICTORIA TAPIA
Se cumplen 10 años de la sanción de la Ley 26.743 que estableció el derecho a la identidad de género en nuestro país, legislación que marcaría la vanguardia en la región y el mundo por el reconocimiento ciudadano a la comunidad trans. Dicha norma representó un cambio concreto y simbólico de grandes dimensiones para los derechos humanos, en tanto que promueve un entendimiento social inclusivo de la sexualidad humana.
la ley promueve y garantiza el derecho al reconocimiento de la identidad de género
En este sentido, la identidad de género se reconoce como un derecho humano, que refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la misma puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales . Es importante remarcar que nuestra legislación despatologiza la elección de las personas trans y, establece como requisito para la intervención médica, la sola solicitud de quien siente que le corresponde otra identidad de género.
A través de los años, la ley 26.743 permitió el acceso a las solicitudes de cambio de nombre en el DNI según la identidad auto percibida, como así también a la inclusión en el Programa Médico Obligatorio de intervenciones quirúrgicas menores y tratamientos hormonales.
COMO TODO AVANCE, PERMANECE EN DISPUTA
A pesar de que la ley de identidad de género representó un enorme avance en materia legislativa, la realidad muestra que todavía existen obstáculos estructurales para el acceso a derechos básicos del colectivo LGTBQ+, como el derecho a la educación, la salud, el trabajo, el acceso a la justica y a una vida libre de violencia.
Desde el colectivo se reclama la falta de financiamiento de los mencionados tratamientos médicos y quirúrgicos. Asimismo, el acceso a la consulta médica se ve limitado por actos discriminatorios y violentos en la vía pública, el trato desigual por parte del personal de salud y la falta de consultorios amigables en muchas localidades del territorio nacional. Personas usuarias de los servicios de salud denunciaron la falta de médicas/cos formadas/dos en salud integral y transicional en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires (CELS, 2020). En este sentido, los datos son devastadores, se estima que las personas trans y travestis tienen una expectativa de vida de 35 años en la Argentina . En 2020, por ejemplo, se registraron 152 crímenes de odio hacia el colectivo LGTBQ+, de los cuales el 57% fueron asesinatos o suicidios .
la ley de identidad de género representó un enorme avance en materia legislativa, la realidad muestra que todavía existen obstáculos estructurales para el acceso a derechos básicos del colectivo LGTBQ+
La emergencia sanitaria desatada por el Covid-19 y las medidas de prevención, dejaron al descubierto los enormes sectores de la población que viven al día. Para las personas travestis y trans, la falta de políticas integrales de inclusión o regularización laboral significó, en el marco de la cuarentena, no tener acceso a la alimentación por sus propios medios (CELS, 2020) . Tomando los datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), entre mayo de 2012 y abril de 2021, 9.094 personas rectificaron su sexo y nombre de pila en el DNI. De ese universo, sólo el 9% de población travesti y trans está inserto en el mercado formal de trabajo .
Es importante reconocer que dichos datos suponen una representación parcial de la realidad, en tanto que no todas las personas trans han realizado el cambio de DNI. Más aún, quienes no se encuentran insertas en el mercado formal de trabajo recurren, en la mayoría de los casos, al trabajo sexual o la situación de prostitución de la cual poco conocimiento se tiene, por su condición de clandestinidad. En este sentido, la falta de información concreta afecta el desarrollo y la planificación de políticas que respondan a la situación de vulnerabilidad del colectivo.
