El poder judicial, en consonancia con el Gobierno, mantiene detenidos a 16 manifestantes, acusados arbitrariamente de «terrorismo». En conferencia de prensa desde el Serpaj, y acompañados por organismos de derechos humanos y dirigentes, sus compañeros llamaron a movilizarse frente a la Rosada para exigir su liberación. “No son delincuentes, son ciudadanos con conciencia que fueron a manifestar”, denunciaron.
Familiares y organismos de DDHH convocaron a una concentración en Plaza de Mayo
Los familiares de los presos por manifestar contra la Ley Bases convocaron a una concentración, este martes a las 16.30, en la plaza de Mayo, para reclamar por la libertad de todos los detenidos. Le demandan a la justicia que realice un proceso que respete las garantías democráticas y constitucionales. “No son delincuentes, como están instalando. Son ciudadanos con conciencia que fueron a manifestar”, resumió Margarita, la mamá de Nicolás Mayorga, al hacer el llamado en una conferencia de prensa en la puerta del Serpaj. Al lugar se acercaron dirigentes políticos de la izquierda y del peronismo, que en estas horas intentan sumar sectores a la convocatoria. También la están activando los gremios a los que pertenecen varios de los detenidos -como los docentes-, el ámbito universitario, ya que entre los presos hay cinco estudiantes, y los movimientos sociales.
Para los familiares, el objetivo urgente es conseguir las excarcelaciones; como esta semana es corta debido al feriado y la próxima también lo va a ser, sienten el riesgo de que el proceso se alargue. La jueza María Romilda Servini de Cubria, en base a una imputación presentada por el fiscal Carlos Stornelli, le negó el viernes la excarcelación a 16 de los 33 detenidos iniciales. Luego Stornelli insistió y planteó a la Cámara de Apelaciones que detenga nuevamente a los manifestantes que habían sido excarcelados. Todo esto bajo la acusación de que se alzaron contra «el orden constitucional».
La imputación carece de pruebas; por el contrario, lo que se observa en los videos de las detenciones es que se trató de arrestos al voleo, y lo que resulta más preocupante es que estuvieron en sintonía con lo que planteó la oficina del presidente Javier Milei el día de la marcha, cuando acusó de «terroristas» a quienes protestaron frente al Congreso contra la Ley Bases. El miércoles pasado, semejante calificación sonó como una cosa delirante; hoy hay 16 personas privadas de su libertad y mantenidas en cárceles federales en base a ese discurso criminalizador de una manifestación opositora.
En la conferencia de prensa, los familiares hablaron sobre quiénes son los presos y cómo fueron detenidos. Contaron cómo ellos mismos atravesaron cinco días de terror -con esperas en la puerta de las comisarías, plantones en los tribunales de Comodoro Py, visitas a las cárceles («un trayecto tortuoso») y hablaron sobre sus hijos, padres, hermanos y compañeros, una forma de tratar de evitar que sigan siendo cosificados. Reclamar por “los presos de la Ley Bases” puede ser un modo peligrosamente abstracto de hablar de la gravísima situación planteada.
«No son terroristas»
Margarita, la madre de Nicolás Mayorga, contó que él estudia en la Universidad de San Martín y trabaja en Telefé. Es compañero de otras dos detenidas de la UNSAM, Camila Oliva y Sasha Lyardet. «Nicolás está en una agrupación de vecinos del barrio San Martín, va a ayudar a una olla popular, con Camila; tiene un costado solidario, también junta ropa o comida».
«Ellos fueron a manifestar contra la Ley Bases en forma pacífica. En un momento, cuando empezó la represión, se separaron de su grupo. Los detuvieron cerca de la UADE (es decir a la altura de la avenida 9 de Julio, muy lejos del Congreso). No se resistieron a la autoridad como se les imputó, no tiraron piedras, se identificaron
Son estudiantes, no son delincuentes como se quiere instalar. Ellos no estaban ahí cuando el auto explotó, ni estaban participando en esas acciones», remarcó. Para Margarita, la causa judicial tiene un único objetivo: meter miedo para «que la gente no se exprese, que no salga a la calle».
Grisel Lyardet es hermana de Sasha. Desde el viernes atiende todos los llamados de los medios y difunde por las redes lo ocurrido. Su hermana iba con Camila Oliva también a altura de la avenida 9 de Julio, cuando su amiga se cayó y ella se detuvo para ayudarla. En ese momento tres motos las interceptaron, subiéndose arriba de la vereda, donde las arrestaron. «Le pido a la jueza Servini de Cubría que se ponga a estudiar la causa. Todo es injusto: no hay pruebas que las ubique a Sasha y a Camila haciendo algo. Todos están imputados por delitos graves, con penas altas… es completamente injusto».
Silvia, la mamá de Camila, informó que a las seis mujeres presas en el penal de Ezeiza les anunciaron que las pasarán a pabellones comunes y que podrían ser separadas, una posibilidad que las aterra. «Cami y los chicos son la muestra de lo que se viene si no los paramos», advirtió.
También estuvo en la puerta del Serpaj la hija de Ramona Tolaba. Contó que su mamá, de 56 años, trabaja limpiando casas y que fue sola a la marcha contra la Ley Bases. «Ella estaba en la Avenida de Mayo, hablando con un jubilado, cuando la detuvieron». Como otros familiares, la hija de Ramona pidió que si alguien tiene videos de las detenciones se los haga llegar. Es que la causa judicial tiene un trámite tan irregular que es como si se hubiera invertido la carga de la prueba: los detenidos se ven forzados a demostrar su inocencia.
Si bien todo indica que las acusaciones no van a sostenerse, el problema es por cuánto van a tener pasar; ya llevan seis días presos
El padre de María de la Paz Cerruti habló de las secuelas: «parece mentira, pero cuando uno está en esta situación se da cuenta de que pueden echarla del trabajo, un trabajo de veintipico de años, cuando ella no era una desbocada ni nada, ella solamente ejercía sus derechos normales», planteó.
Otra familiar advirtió: «la idea de golpe de estado (instalada por la oficina de prensa del presidente Javier Milei) se trasladó a lo judicial» en un antecedente gravísimo. «Hay pruebas de que nuestros familiares no son terroristas y eso de alguna manera nos tranquiliza, pero es horrible lo que estamos viviendo, porque se está pasando por encima de la Constitución y de los derechos de todos. Lo que suceda con estas causas va a marcar un precedente en materia de derechos humanos. Por eso si hay personas que tengan videos de las detenciones injustas y arbitrarias, les pedimos que los acerquen a las familias o a los organismos de derechos humanos, porque son la única prueba que tenemos para contrarrestar este discurso. Se está criminalizando a personas inocentes. Incluso los que salieron en libertad continúan imputados».
Las imputaciones formuladas por el fiscal Stornelli no son una cosa menor: intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional, atentado y resistencia a la autoridad y perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos.
Apoyos políticos y sindicales
En el encuentro en el Serpaj hubo figuras políticas de la izquierda y del peronismo. El ex ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, las diputadas nacionales Paula Penacca y Mónica Macha, sus colegas de la Ciudad Victoria Montenegro, Berenice Iañez y Andrés Lablunda, por el peronismo. De la izquierda estuvieron, entre otros, Myriam Bregman, los diputados nacionales Nicolás del Caño y Cristian Castillo, la legisladora porteña Cele Fierro, el dirigente piquetero Eduardo Belliboni y Gabriel Solano.
Además, convocaron a ir a la plaza los organismos de derechos humanos (Abuelas, Madres, Familiares, Hijos, APDH, Cels, entre otros) y las CTA
En la calle, que durante la conferencia de prensa tuvo el tráfico cortado por la cantidad de gente que se reunió, se armaron además grupos de trabajadores y de universitarios para organizar cómo difundir la convocatoria a concentrarse en la plaza de Mayo.
