En un fallo de 22 páginas, la jueza Capuchetti sostuvo que «no existen» pruebas contra el peluquero, el jugador de ping pong, ni el mercenario a los que la ministra involucró en la presunta planificación de un atentado en Buenos Aires. El caso revelado por Página/12 y una a una todas las pruebas del derrumbe de la causa.
La Justicia liberó al peluquero, el profesor de ping pong y el delirante acusados por la Ministra
El falso show antiterrorista de Patricia Bullrich era un papelón y terminó como un gravísimo papelón. La ridícula historieta armada por la ministra, revelada en exclusiva por Página/12 y que luego despertó el interés de casi todos los medios del país, fue desarmada finalmente por la jueza María Eugenia Capuchetti en un fallo de 22 páginas por el que dejó en libertad a los supuestos terroristas: un peluquero de Avellaneda, un jugador de ping pong y un delirante del microcentro que alardeaba de ser mercenario y agente de la Embajada de Estados Unidos.
En las investigaciones de tramas terroristas se recomienda siempre mantener un perfil bajo hasta capturar toda la red, pero Bullrich hizo todo lo contrario: convocó a una conferencia de prensa el 3 de enero para anunciar, con bombos y platillos, que se había detenido a una célula que preparaba un atentado similar al de la AMIA. Ni más ni menos. Minutos más tarde, el vocero presidencial, Manuel Adorni, no se perdió la oportunidad y felicitó a la ministra en nombre de Javier Milei. Este diario denunció la farsa y tras una investigación de 15 días, la Justicia no tuvo más remedio que concluir que “no hay pruebas” del disparatado complot elucubrado por la Ministra. El peluquero, el jugador de ping pong y el falso mercenario recuperaron la libertad.
La fábula de Bullrich
La ministra no se anduvo con chiquitas. Había dicho que la Policía Federal, la Gendarmería y el Ministerio de Seguridad lograron desarmar “una asociación criminal trasnacional que se disponía a cometer un atentado en Buenos Aires”. En el marco de la investigación, fueron detenidas tres personas que Bullrich se negó a identificar.
De entrada, filtraron a los medios que el dato de que habían ingresado a la Argentina tres sirio-libaneses que eran los que iban a perpetrar el ataque. Falso. Uno sólo de los detenidos llegó del exterior y es de origen sirio-libanés: Naem Chatay Chassan, de 67 años, que durante décadas vivió en Venezuela y con la crisis se mudó a Colombia. Vino a la Argentina con el plan de instalar un gimnasio en el que daría clases de tenis de mesa (ping pong) que es una de sus actividades en Bogotá. Chassan, además, es dueño de una perfumería en la galería Veracruz de la capital colombiana.
El segundo detenido, que no es sirio libanés ni vino del exterior, fue Juan Manuel Ledesma, al que le dicen El Rubio, un marginal que finge ser mercenario, agente de inteligencia y periodista. Es el que armó toda la historieta. El Rubio se enteró por un amigo conserje del hotel Gran España, que existía una reserva de una persona de origen sirio-libanés con pasaporte colombiano. Esos dos datos —origen sirio libanés y pasaporte colombiano— despertaron la imaginación de El Rubio y, por lo tanto, alertó a un amigo integrante de la Policía Federal, Maximiliano Gerez. Mientras se daba manija con esa sospecha, fue a cortarse el pelo a una peluquería de la avenida Rivadavia 919. Ahí, la dueña, Rubí, le contó que un muchacho estaba en un problema, iba a recibir un paquete de 35 kilos desde Yemen y que no quería recibirlo. El Rubio juntó todos los elementos y, todo indica, llamó de manera anónima al 911 y a la Embajada de Israel, diciendo que el sirio-libanés, con el paquete de explosivos venido de Yemen, atacaría algún edificio de la comunidad judía. En lugar de investigar con cautela, Bullrich armó su espectáculo.
El tercer personaje de la fábula es, precisamente, el peluquero del supuesto paquete, Ramón Alberto Domínguez, que tampoco es sirio libanés ni vino de ningún lugar: vive en Avellaneda. El muchacho se puso a chatear hace meses con una mujer, ésta le dijo que era norteamericana, que quería venir a la Argentina y que le iba a mandar un regalo. La Unidad Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal calificó el asunto como “una típica estafa”. Porque poco después llamaron al peluquero y le dijeron, de manera amenazante, que debía retirar el paquete y pagar 900 dólares. Por supuesto que la investigación determinó que no existió paquete alguno, era una maniobra para sacarle ese dinero.
Mentiras peligrosas
Toda la experiencia internacional en materia de terrorismo recomienda manejar los casos en el mayor de los silencios:
Si la trama es verdadera, se requiere investigar todos los tentáculos con la mayor reserva y desarmar la supuesta red. En la Argentina y donde sea.
Si los datos aportados son falsos —como en este caso— y no existe una verdadera amenaza, el bajo perfil es aún más obligatorio. Ventilarlo constituye un papelón y baja las alertas. Cualquier ciudadano piensa que no vale la pena denunciar porque “no hay peligro”.
Sin embargo, Bullrich salió a la cancha a montar una sobreactuación que, para peor, recibió la felicitación presidencial.
El fallo de la jueza Capuchetti
Capuchetti consigna en las 22 páginas de su fallo los siguientes elementos:
Los datos aportados por Chassan son verídicos. Vivió en Venezuela, luego en Colombia y en el celular se verifican las gestiones por conseguir un gimnasio para enseñar ping pong. El gobierno de Colombia confirmó que su pasaporte es legal y vigente. No aparece en ninguna lista de sospechosos de la CIA o el FBI. Presentó certificados de buena conducta de Colombia y Venezuela.
El Rubio prácticamente confesó ante la jueza que armó toda la historia, desde el principio al fin. Que el conserje del Hotel Gran España le contó que venía un sirio-libanés, que él le reveló la historia a un policía federal, que luego fue a la peluquería y le contaron lo del paquete de Yemen y el peluquero. Con todo el combo, consideró que “era una buena historia”
No admitió que llamó al 911, pero hay evidencia de que originó las dos denuncias, en la Embajada de Israel y en la línea 911.
El peluquero dijo que no entendía nada, que no conoce a Chassan y que efectivamente intentaron estafarlo con el cuento de la mujer y el paquete. Hizo la denuncia en una fiscalía de Avellaneda, algo que la jueza pudo corroborar. En el celular de Domínguez se encontraron también los chats con la mujer y, paso a paso, la maniobra para sacarle los 900 dólares.
La Aduana, la Unidad Antiterrorista, el Correo Argentino y una empresa de courrier privado certificaron que la famosa encomienda no existe y que es falso el recibo de envío con el que le exigían los 900 dólares al peluquero.
Con esos elementos, Capuchetti dictaminó la falta de mérito, es decir la inexistencia de pruebas para procesar a los tres detenidos. De inmediato se ordenó la libertad. La magistrada —siempre afín al oficialismo— decidió prohibir la salida del país de Chassan, Ledesma y Domínguez hasta que se termine la causa. Por lo que describe en las 22 páginas de su fallo es asunto terminado.
Un show grave
La maniobra de autopromoción de Bullrich reviste enorme gravedad:
La brutal matanza de Hamás del 7 de octubre y la respuesta indiscriminada de Israel con los bombardeos en Gaza llevaron el conflicto a dimensiones descomunales. Los peligros están presentes en el escenario de Israel y Gaza, pero también en el resto del mundo.
La Argentina está especialmente expuesta porque el presidente Milei sobreactúa su alineamiento con EE.UU. e Israel, a lo que se agrega el coqueteo con la religión judía y los rabinos más conservadores.
En ese marco se requiere seriedad, cautela y bajo perfil.
además, Bullrich tiene otro objetivo: instalar la cuestión del terrorismo, aunque la historia sea falsa. Apunta a justificar la intervención de las Fuerzas Armadas con el argumento de que las amenazas en el mundo son multidimensionales —siguiendo la doctrina de Washington—, por lo que hay que impulsar la actuación de los militares en materia de seguridad, dada la existencia de terroristas, narcos, organizaciones indígenas o bandas de trata.
Es preparar el terreno para que cada vez más fuerzas de seguridad y militares sean el instrumento para enfrentar las protestas contra el plan de ajuste.
