Rechazado por el Senado, por decenas de académicos, profesores y juristas y ya al final por los propios integrantes de la Corte Suprema, Manuel José García Mansilla le presentó a Javier Milei su renuncia indeclinable como juez del alto tribunal en comisión después de pasar 40 días en ese cargo, donde no perdió oportunidad de firmar 214 sentencias y otras decisiones, además de pintar su despacho. En un texto de siete páginas carente de autocrítica, que elude las verdaderas razones de su dimisión, el abogado se adjudica un papel de salvador en la Corte que, vaticinaba, quedaría paralizada por la existencia de dos vacantes. Afirma que la política no quiere jueces independientes, algo que suena paradójico dicho por quien fue nombrado a dedo. Es el broche de oro de un gran papelón para él y para el Gobierno, en el que los supremos pusieron su granito de arena al tomarle juramento en un acto secreto y de apuro.
En su carta, el abogado justificó haber sido designado por decreto y acusó a la dirigencia política de no querer cortesanos independientes. Las especulaciones en el máximo tribunal y las sentencias firmadas en solo 40 días en el cargo
Carta de un león a otro
García Mansilla dedicó varios párrafos a decir que no dijo lo que dijo ante el Senado: si habló de que no aceptaría una designación en comisión –quiso aclarar– era para referirse al contexto de 2015 en que Mauricio Macri metió por la ventana (con un decreto) a los supremos Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes después y tras un gran revuelo obtuvieron acuerdo del Senado. Aunque para él los nombramientos transitorios son constitucionales, sostuvo, al analizar aquel escenario en retrospectiva «con el diario del lunes» le pareció que el impacto «institucional» de aceptar una designación de esas características no sería positivo. Aun así, en su carta de despedida, justificó que en la audiencia pública ante las y los senadores utilizó «el tiempo verbal condicional simple (‘no aceptaría un nombramiento en comisión’)», con lo cual le quedaba margen para aceptarlo. Acusó a la Cámara Alta de dilatar el tratamiento de su pliego, a pesar de estar avanzado, por una «especulación política».
Si fuera por él, se sinceró, se hubiera quedado largo rato en la Corte, donde dice que fue bien recibido, pero que no lo hizo porque ahora, tras el rechazo del Senado, quiere facilitar la integración del tribunal
«No admite más demoras», dice su texto. «Al momento de aceptar el nombramiento en comisión, consideré que debía asumir la responsabilidad de colaborar con la inmediata solución a ese grave problema. Mantener un tribunal incompleto, con un riesgo evidente de parálisis, habría sido rehuir de lo que considero una obligación para cualquier abogado», es su argumento. Le agrega un remate provocador, al afirmar que «si alguno de los tres integrantes actuales tuviera algún impedimento, fuera temporario o permanente, la Corte Suprema se vería imposibilitada de funcionar».
El Gobierno perdió el apuro
El Gobierno no parece ahora apurado por postular nuevos nombres, sino entregado a esperar el recambio legislativo con la esperanza de ganar escaños. El problema en la política, sostiene, es «la incomodidad manifiesta de ciertos sectores con la posibilidad de que existan jueces independientes, que no tengan contacto con la política tradicional», un planteo difícil de entender en alguien que fue nombrado por una decisión unilateral de Milei y su círculo cercano. Santiago Caputo le hizo la propuesta, según él mismo contó. Más aún: la vicepresidenta Victoria Villarruel contó en una entrevista con Jonatan Viale que le había pedido asesoramiento a García Mansilla cuando el Presidente firmó el decreto 70/2023. «Es un constitucionalista de fuste», opinó.
García Mansilla se queja por las vacantes de jueces y juezas en todas las instancias, y del Procurador General, algo que ya es un clásico del discurso de la corporación judicial (que es igualmente partícipe de los obstáculos y las roscas). Sentencia que «no hay una real dimensión que toda esta desidia institucional ha venido causando» y le dice al Presidente Milei que él fue el único que «con el decreto 137/2025 rompía con ese círculo vicioso». Le rinde pleitesía. Y sobre el final el texto viene con un envión que da la sensación de que el ahora exjuez en comisión está por decir VLLC (Viva la Libertad Carajo), pero se limita a agradecer la oportunidad al mandatario.
