Los sindicalistas del gremio de Camioneros reclamaron a la Justicia que la causa por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos sea considerada como «delitos de lesa humanidad».
La legislación internacional define a la lesa humanidad como «delito en que el perjuicio se ocasiona como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o una parte de ella»
«En virtud de la extrema gravedad de los sucesos que aquí se investigan, esta querella solicita, se evalúe la posible calificación de determinadas conductas (prisiones ilegales y tormentos o coacciones a detenidos) como de delitos de lesa humanidad», sostuvo el abogado de los Moyano, Daniel Llermanos.
Al apelar los desprocesamientos de, entre otros, los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, Llermanos consideró que «poner los recursos del Estado al servicio de prácticas asociadas al espionaje ilegal y la persecución política no es una novedad. Se trata de una maquinaria que en Argentina se consolidó en tiempos de dictadura y terrorismo de Estado».
«Actualmente se investigan innumerables hechos de inteligencia ilegal cometidos entre 2016 y 2019, que dan cuenta de la sistematicidad de estas prácticas, decididas desde las máximas autoridades de gobierno y con la participación de empresarios», añade el texto.
La legislación internacional define a la lesa humanidad como «delito en que el perjuicio (muerte, violación, desaparición, deportación, detención…) se ocasiona como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o una parte de ella, o por razón de pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos inaceptables».
El objetivo de esa naturaleza de delitos -agrega la definición- es «la intención de mantener ese régime
El objetivo de esa naturaleza de delitos -agrega la definición- es «la intención de mantener ese régimen».
Según los Moyano, los hechos de presunto espionaje ilegal y armado de causas respondieron a «órdenes impartidas por el entonces titular del Poder Ejecutivo Nacional Mauricio Macri, en la tarea ilegal de ordenar y conducir la inteligencia ilegal y el armado de causas mediante prevaricato».
Según los Moyano, los hechos de presunto espionaje ilegal y armado de causas respondieron a «órdenes impartidas por el entonces titular del Poder Ejecutivo Nacional Mauricio Macri
Llermanos pidió la «nulidad» del fallo de la Cámara Federal porteña que desprocesó a Arribas y Majdalani y consideró que los hechos bajo investigación fueron obra de agentes marginales de la AFI que actuaron como «cuentapropistas» de la inteligencia.
«Se encuentra acreditado de manera plena que los gravísimos delitos investigados no podían de ninguna manera haberse construido sin la decisión de los máximos responsables del funcionamiento de la AFI», insistió el escrito de apelación.
«Cuando no se respetan las reglas de juego preestablecidas el acto es irregular, defectuoso y viciado, más aún cuando causan perjuicios irreparables. Si se advierte un descarrilamiento en el recto caminar del proceso o de sus actos irremediablemente es acto es nulo y deben eliminarse sus efectos», resumió el documento.
