Luego de idas y venidas, modificaciones y acuerdos fundados en diversas promesas del flamante jefe de Gabinete Guillermo Francos, el Senado aprobó este miércoles la «Ley Bases XS» y se dio comienzo a la votación en particular. Así se convirtió en el «primer triunfo» de la gestión de Javier Milei en el Congreso Nacional, que hasta el momento solo se destacó por un brutal ajuste, enfrentamientos diplomáticos y mediáticos, y el incumplimiento de varias de sus promesas de campaña.
El proyecto obtuvo su aprobación en general en la Cámara Alta, pero en una versión hiperreducida después de un gran fracaso en su primer tratamiento
Precisamente, el proyecto «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», que obtuvo 36 votos a favor y 36 en contra, debió ser desempatado por la titular de la cámara, Victoria Villarruel, quien le dio su voto afirmativo.
Sin embargo, sufrió varios cambios desde aquel primer texto, que incluía 664 artículos, y que fue rebotado a comienzos de año. Para esta ocasión, la iniciativa llega al recinto de la Cámara Alta con tan solo 232 artículos, en su versión general.
La «Ley Bases» en su versión XS se trató de una iniciativa hermanada al DNU 70/23 y al paquete fiscal, que busca «la reforma del Estado» en los términos de los objetivos del mandatario ultraderechista
Entre los cambios que se encuentran entre los 10 títulos que dividen la ley, están la declaración de emergencia, la concesión de las facultades delegadas, el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), reformas laborales y cambios previsionales.
Sin embargo, con el objetivo de lograr la aprobación, se hicieron cambios de última hora cuando arrancó la sesión: se aceptó mantener como empresas públicas a Aerolíneas Argentinas, Correo Oficial y Radio y Televisión Pública, sostener la moratoria previsional y activar las obras públicas que se realizaron hasta en un 80%.
También se incluyeron nuevos organismos que no se podrán disolver, como la Comisión de Energía Atómica y los entes vinculados a la cultura, así como el financiamiento para cumplir del Plan Nacional de Ciencia 2030
Los cambios laborales
Un punto importante es el capítulo IV, que trata sobre el empleo público: allí se dispone que los sindicatos estatales no podrán descontar parte del salario de los trabajadores que no estén afiliados o que no hayan expresado de forma explícita su acuerdo para que el gremio realice dicho descuento. También determina que a aquellos trabajadores que realicen una huelga se les descontará un proporcional por las horas no trabajadas, sin ningún tipo de sanción administrativa.
En tanto, establece que aquellos funcionarios de órganos u organismos que sean eliminados serán pasados a disponibilidad por hasta 12 meses y que después serán desvinculados de la Administración Pública Nacional si no consiguen otro puesto.
El Título IV del texto está destinado a la «promoción del empleo registrado» en el sector privado, que permite a los empleadores regularizar vínculos laborales que comenzaron antes de que la ley entre en vigor, concediéndoles un período de 90 días para hacerlo. Los empresarios quedarán eximidos de cualquier acción legal y deudas relacionadas con infracciones, multas y sanciones.
No obstante, este capítulo viene acompañado del título V, sobre modernización laboral, que entre las principales medidas aparece la extensión del período de prueba y la creación de un fondo de cese laboral optativo a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones.
Qué es el RIGI
En uno de los apartados de la ley se explica: «Créase el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)». La medida generó gran polémica, ya que implica modificaciones importantes en estatutos impositivos, aduaneros y cambiarios.
El RIGI es cuestionado por legisladores opositores, sindicatos, PYMES y economistas
Desde el Centro de Economía Política (CEPA), argumentan que el RIGI otorgará «excesivos beneficios tributarios y cambiarios durante 30 años a quienes inviertan un mínimo de 200 millones de dólares, sin ninguna exigencia». Y se asevera: «no hay sectores prioritarios, ni obligación de promover proveedores locales, ni agregar valor en Argentina».
El Senado y su dictamen en las sombras
A través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Gobierno consiguió a última hora del 30 de mayo pasado las firmas que necesitaba para el dictamen de la Ley Bases. Sorprendió la posición cambiante de senadores que se resistían a dar su apoyo.
La clave fue sentarse a conversar con radicales y las provincias patagónicas, que sostuvieron en bloque sus pedidos de cambio a los que el oficialismo cedió en parte
Ganancias: La posición de Tierra del Fuego frente a la propuesta del Gobierno de reinstalar ese impuesto a los asalariados que habían dejado de pagarlo el año pasado fue clave. Lo que consiguió esa provincia es ser eximida de lo que el resto de las provincias del sur sí pagarán, un 22 por ciento del mínimo no imponible.
Aumento de regalías: Esto fue producto de una negociación del senador por Alianza Santa Cruz, José Carambia, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi. El santacruceño reclamó subir del 3 al 15 por ciento las regalías que el Estado provincial recibe de parte de las empresas mineras que explotan en ese suelo. Para ello, el oficialismo se comprometió a modificar la Ley de Minería. Por lo pronto, el cambio pactado se incluirá en el paquete fiscal.
Cambios en el RIGI: Se determinó que cada provincia tendrá la autonomía y potestad de adoptar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Menos blanqueo para parientes: Los hermanos de funcionarios ya no podrán acceder al blanqueo de capitales. Tampoco exfuncionarios que hayan ocupado un cargo en los últimos diez años; antes eran cinco.
Con algunos organismos, no: El radicalismo logró que se amplíe el listado de organismos públicos y empresas del Estado que entraban en la lista de privatizaciones y cierres elaborada por el gobierno de Javier Milei.
La votación en Diputados
La segunda versión del proyecto obtuvo la aprobación en general en la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril, con 142 votos afirmativos, 106 en contra y 5 abstenciones.
Fue gracias al apoyo mayoritario de los bloques dialoguistas (PRO, UCR, Hacemos, Innovación Federal y MPN).
