Defendió a su exoperador Fabián “Pepín” Rodríguez, quien se encuentra en prófugo de la Justicia argentina en Uruguay hace más de 1.050 días, luego de que esta semana la Corte Suprema de Justicia del país vecino desestimara un último recurso interpuesto por su defensa para evitar ser extraditado a Buenos Aires, donde es investigado por en una causa por extorsión y la persecución a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo.
«Imagino que tendrá que volver y sentarse en la Justicia y explicar», se limitó a decir sobre su exoperador judicial, quien se encuentra prófugo en Uruguay desde hace casi tres años
“No seguí el proceso judicial de Pepín”, se atajó Macri en una primera instancia, aunque luego defendió el accionar su exoperador judicial, que según investiga la jueza federal María Servini es el presunto responsable de la persecución, hostigamiento y ahogo financiero a las empresas del Grupo Indalo. “Cristóbal López y De Sousa tuvieron un plan, no fueron perseguidos por mi gobierno”, aseguró el expresidente.
De todos modos, Macri advirtió que Rodríguez Simón tendrá que volver al país y “explicar todas las causas”. “Imagino que tendrá que volver y sentarse en la Justicia y explicar. El tema de fondo es increíble, acá no creo que nadie haya sido perseguido por mi gobierno”, insistió el expresidente, a pesar de que esta semana la Justicia ratificó la absolución a los empresarios De Sousa y López. Además defendió el accionar de la AFIP durante su gestión, de donde surgieron las acusaciones y persecución a los empresarios dueños de OIL Combustibles y el canal C5N.
Esta semana la Cámara Federal de Casación Penal ratificó las absoluciones de los empresarios López y De Sousa en la causa en la que habían sido investigados por supuesta defraudación al Estado en el otorgamiento de planes para el pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) a la petrolera Oil Combustibles
En el mismo fallo, los jueces de la Sala I de Casación ordenaron al tribunal que llevó adelante el juicio oral recalcular la pena de 4 años y ocho meses de prisión que había sido impuesta a Ricardo Echegaray, extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
