Más de 60 municipios se capacitan en transparencia en la provincia

Con la capacitación en ética pública y transparencia en Villa Gesell, Chascomús, Punta Indio y Merlo, la provincia de Buenos Aires alcanzó los 60 municipios.
Incorporados al sistema creado por la Resolución 1096/20 por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak.
Según informó la subsecretaria de Transparencia Institucional, Ana Laura Ramos, la Red de Oficina de Transparencia “es una herramienta fundamental dentro del nuevo paradigma de la gestión pública, destinado a fortalecer la participación ciudadana con transversalidad, perspectiva de género y alta visibilidad de la administración de los fondos del Estado en todos sus niveles”.
En el encuentro en Villa Gesell, el martes 19, Ramos y su equipo fueron recibidas por el intendente de Gesell, Gustavo Barrera, donde se trabajó en la implementación del nuevo sistema de presentación de declaraciones juradas patrimoniales, una iniciativa de buenas prácticas dirigida a transparentar el desempeño del gobierno dentro de las políticas de transparencia institucional.
La provincia de Buenos Aires tiene 29.000 funcionarias, funcionarios y agentes de la administración pública provincial que presentan su DDJJ Patrimonial. El nuevo sistema PBA-AFIP posibilita a los 135 municipios utilizar el sistema y alcanzar así a más de 50.000 personas.
En la capacitación realizada en el Municipio de Punta Indio, el lunes 18, se trabajó también en la implementación del nuevo sistema de presentación de declaraciones juradas y del Código de Ética Pública, que obliga a los funcionarios a actuar de acuerdo a los principios de transparencia, equidad, inclusión, diversidad, imparcialidad, eficiencia y eficacia para fortalecer la participación ciudadana.
Participaron de la capacitación, junto a Ana Laura Ramos y el intendente interino, David Angueira, el secretario de Desarrollo Humano, Emiliano Perlini, el secretario de Gobierno, Gabriel Dalusio, el subsecretario de Infraestructura, Raúl Demichelis, el subsecretario de Salud Amílcar Presta, el subsecretario de Desarrollo Social, Guillermo Suárez, el Director de Cultura, Deportes y Juventud, Martín Arteche, la directora de Mujeres, Género y Diversidad Lucrecia Rodríguez, el director de Recaudación, Fernando De Juan, la Jueza de Faltas, María Fernanda Loillet, el Asesor Legal, José Faggiani, el Director del Hospital Municipal, Daniel Ottero, la integrante del área de Compras, Alfredo Muller, las y los concelas Verónica Chocobar, Laura Perugorria y Melisa Franzoni, y Gerardo Landa, Guillermo Gadea, José Diaz.
En Merlo, el equipo del ministerio fue recibido por el Director de Anticorrupción, Juan Gabriel Castaño, con quien comenzaron a capacitar en la implementación del Canal de Denuncias, Código de Ética, programa Construyendo Transparencia PBA y Protocolo de Gestión de Conflicto de Intereses.
El programa Construyendo Transparencia PBA, tiene como objetivo asesorar, brindar asistencia técnica y colaboración para el desarrollo de un Plan Estratégico de Transparencia, destinado a empresas con participación estatal mayoritaria, entidades deportivas, entidades de Derecho Público no estatal, universidades públicas y privadas, empresas recuperadas, asociaciones civiles, entidades civiles, PyMES, sindicatos, colegios profesionales.
Para ello, se establecerán lineamientos que deberán instrumentarse al interior de las organizaciones y se desarrollarán a través de planes de acción específicos, cuyo contenido versará sobre las siguientes temáticas: transparencia, integridad y ética pública.
En el encuentro en el municipio de Chascomús, fueron recibidos por el Intendente Javier Gastón con quien analizaron el sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales y el Protocolo de Gestión ante Conflicto de Intereses. Además, participaron la Directora de Anticorrupción Marina Mongiardino, la Directora de Transparencia y Ética Pública Marcela Berón y el Secretario de Gobierno del municipio de Chascomús, Cipriano Pérez del Cerro.
El Protocolo de Gestión ante Conflictos de Intereses tiene como objetivo la detección y resolución de conflictos de intereses en los que pudieran verse involucrados quienes se desempeñan en la función pública, con el objeto de fortalecer los estándares de integridad y transparencia.