Represión en 2001: revisión de penas para funcionarios

La causa ingresó, luego de 20 años, en la recta final hacia una definición sobre las responsabilidades del ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos y el ex titular de Operaciones Norberto Gaudiero.
La Cámara de Casación celebró una audiencia de revisión de las condenas: cuatro años y tres meses para Mathov, tres y medio para Santos y tres en suspenso para Gaudiero.
El abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Rodrigo Borda le pidió al tribunal que confirme las penas y ponga fin a las dilaciones que llevaron a tramitar durante dos décadas un expediente judicial en el que varios de los imputados fallecieron.
En esa lista se inscriben el ex presidente De la Rúa, quien no llegó a juicio porque fue desvinculado antes, y el ex ministro del Interior Ramón Mestre, quien sí estuvo acusado pero falleció durante el trámite.
«Debe cumplirse con el objetivo de una sentencia definitiva en tiempo y en forma», reclamó Borda, quien atribuyó a las defensas de los imputados haber trazado «un circuito de impugnaciones para que nunca quede firme la pena».
«Nuestro deseo es que para antes del vigésimo aniversario podamos tener una solución favorable del tribunal y pueda haber sentencia definitiva pronto», insistió.
El planteo del abogado del CELS –querellante en el expediente- se chocó con la postura de las defensas, que reclamaron la nulidad de la causa, la extinción de la acción penal por prescripción y, subsidiariamente, una nueva reducción de las penas.
En rigor, la propia Casación ya rebajó levemente los montos de las condenas y con ese trámite el resultado del juicio, celebrado en 2016, se extendió hasta ahora, por otros cinco años.
La defensa de Mathov, a cargo del ex camarista federal Jorge Valerga Aráoz, insistió con que el delito está prescripto por el paso del tiempo y reclamó que la Casación postergue cualquier decisión hasta que ese planteo se agote ante la Corte Suprema de Justicia.
En tanto, la defensa de Santos, a cargo de Adolfo Vázquez, pidió la absolución de Santos porque los hechos que precedieron a la caída de De la Rúa «ocurrieron en un contexto único, sin precedentes».
En ese sentido, deslizó que Santos ya cumplió una condena por «pena natural», ya que «se lo ha castigado demasiado por cumplir con su deber».
La audiencia se realizó por videoconferencia con la presencia de todas las partes, incluidos los ex funcionarios condenados.
El tribunal casatorio, integrado por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, debe ahora adoptar una decisión sobre el monto de las penas y esa resolución tiene todavía por delante una instancia más, ante la Corte Suprema.