Desvinculó la situación de la fundadora de la Túpac Amaru de la postura que muestra Gerardo Morales en las negociaciones con el Fondo, dijo que «la forma en que se desarrollaron» los procesos a la dirigente social es «preocupante» y recordó que en marzo se cumplirán dos años en que la Corte «tiene bajo tratamiento el caso Milagro Sala y no pasa nada».
«el delito más grave que (según la Justicia jujeña) cometió es el de administración fraudulenta y ¿cuál es la pena máxima de ese delito? Seis años, uno debería llegar a la conclusión de que ha cumplido con esa pena y por qué sigue presa»
«Todas las veces que he visto al gobernador se lo he dicho con respeto y con el cuidado que merece el tema», amplió el Presidente sobre ese punto.
Consultado por el posicionamiento del gobernador de Jujuy ante la negociación del Gobierno nacional con el FMI, el Jefe de Estado descartó cualquier relación entre esa postura y la situación de la líder de la Túpac.
Morales, en contraste con otros dirigentes de Juntos por el Cambio, se mostró dispuesto a colaborar, dijo que la deuda había sido contraída «por nuestro Gobierno» (en referencia a la gestión de Cambiemos) y se diferenció de otros referentes de la coalición opositora.
«Yo quiero aclarar que se ha escrito mucho sobre mis diálogos con Morales, pero en realidad hay que recordar que Morales tomó esta decisión y esta postura sin hablar conmigo, porque si no pareciera que hubo una negociación que no existió», afirmó Fernández en las declaraciones radiales.
El Presidente recordó incluso que antes de asumir al frente del Ejecutivo pidió ver a Milagro Sala: «Me fijaron como día de visita un 31 de diciembre, a las 4 de la tarde, pensando que yo de ese modo iba a desistir y no lo hice, y me fui a verla y (desde entonces) vengo planteando el caso de Milagro Sala como un caso que merece atención», relató.
Luego hizo «una observación de tipo jurídica» porque días atrás -repasó- «la Cámara Federal rápidamente se ocupó de quitar la figura de asociación ilícita».
En la actualidad «el delito más grave que (según la Justicia jujeña) cometió ella es el delito de administración fraudulenta y ¿cuál es la pena máxima de ese delito? Seis años, uno debería llegar a la conclusión de que ha cumplido con esa pena y por qué sigue presa?», se preguntó el Presidente.
A pocos días de cumplirse seis años de la detención de Sala -se cumplirán el 16 de enero-, Fernández estimó que se «podría pensar que ha cumplido con el máximo de la pena prevista para el delito más grave que le imputan».
Y advirtió que durante el gobierno de Mauricio Macri le «agregaron la asociación ilícita», una figura penal de la que se «hizo abuso» y, por ese motivo, «los problemas, que en Derecho Penal se resolverían atendiendo a cuestiones de autoridad y participación lo resolvieron siempre como problemas de asociación ilícita, entonces la asociación ilícita es un delito muy grave, que lleva mucho».
en marzo se cumplirán dos años desde que la Corte «tiene bajo tratamiento el caso Milagro Sala y no pasa nada»
Fernández señaló además que en marzo se cumplirán dos años desde que la Corte «tiene bajo tratamiento el caso Milagro Sala y no pasa nada».
Y si bien aclaró que quiere «ser respetuoso de las instituciones» y que respeta «el Estado de derecho», consideró que en la Justicia, en tanto uno de los poderes del Estado, «hay algo que está funcionando mal».
En cuanto al máximo tribunal, resaltó que «hay un problema de funcionamiento muy serio» porque «desde el momento en que el Gobierno de Macri propuso nombrar en comisión a dos jueces de la Corte (por Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, hoy presidente y vicepresidente) empezó a degradarse la calidad».
«Cuando uno mira el funcionamiento actual el tema es muy preocupante, porque la Corte solamente ha tenido velocidad para actuar. Yo acabo de decir que el caso Milagro Sala en marzo va a hacer dos años que está en la Corte, y es una persona detenida, ¿eh? ¿Pero en cuánto tiempo se expidió la Corte para aceptar un per saltum en el caso de (Leopoldo) Bruglia y (Pablo) Bertuzzi?», contrastó Fernández, al referirse a los camaristas objetados por haber sido trasladados sin acuerdo del Senado.
