El 2020 y el 2021 fueron años marcados por mucho más que la pandemia del COVID – 19. Durante el confinamiento, las campañas de cambio climático y conciencia ambiental tomaron preponderancia frente a otras temáticas, como consecuencia del avance de la naturaleza sobre las ciudades.
A su vez, como ciudadanos hiperconectados del mundo, pudimos observar las catástrofes climáticas que fueron protagonistas durante estos dos años. Entre ellas, se puede destacar los fuertes incendios en Australia, el Amazonas y Argentina, y las grandes sequías en América Latina y África. Pero también observamos cómo las emisiones de dióxido de carbono disminuyeron drásticamente debido a las cuarentenas generalizadas, un respiro para el ambiente. Al fin y al cabo, el 2020 y el 2021 fueron un recordatorio alarmante de las consecuencias de desoír las demandas ambientales.
Si bien a los medios les gusta titular estas cuestiones como “catástrofes”, “eventos únicos” o cuestiones similares, la realidad es que el hilo conductor de estos hechos aislados es, fue y seguirá siendo el cambio climático. Pero el cambio climático no es algo aislado de los individuos, tiene correlación directa con la forma en que nos relacionamos con la naturaleza desde la Revolución Industrial.
Ante este contexto, la sociedad civil alrededor del globo comenzó a movilizarse – primero virtual y luego presencialmente cuando las condiciones eran aptas – para que los gobiernos y las empresas tomen medidas concretas al respecto. Una de las demandas que más fuerte se exigió desde la sociedad argentina durante 2021 fue la creación de una Ley de Humedales, una deuda que lleva 3 décadas.
Mucho más que algo de la naturaleza
Según la Convención sobre los Humedales, éstos son “las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. En esta definición quedan incluidos todos los ambientes acuáticos continentales y la zona costera marina.
En Argentina existen aproximadamente 600.000 km2 de humedales, lo que representa el 21,5% del territorio nacional, el tamaño de dos provincias de Buenos Aires. Para más datos se puede consultar Fundación Humedales.
Los humedales son mucho más que un “mini pantano” al costado de un río. Son ecosistemas naturales que proveen un conjunto de bienes y servicios que garantizan la calidad de vida, tanto de los pobladores locales como de los habitantes de áreas vecinas. Ayudan a evitar inundaciones, retienen gases de efecto invernadero y purifican el agua. También reducen o evitan el riesgo de desastres ya que protegen las costas y amortiguan las inundaciones, reduciendo los picos de crecida de los ríos.
En un punto, son reguladores de los ecosistemas para que la flora, la fauna y la sociedad puedan vivir sanamente. Pero, si son tan importantes ¿por qué no tienen una ley que los proteja? Esa es una de las grandes preguntas de los últimos 30 años.
Explotación de la tierra y un poco más
Una de las grandes amenazas que los humedales sufren es la creación de canales que los atraviesan para sacar el agua y secar la tierra. De esta forma, se pueden expandir las fronteras de ganado y agricultura. Como consecuencia, se pueden generar sequías o inundaciones dependiendo las condiciones de la zona. Un ejemplo de inundación puede ser el caso del norte de Santa Fé. Allí, se expandió la frontera de la ganadería y debido a las características de esa tierra (bajo nivel) y las intensas lluvias, la zona se inunda.
Otra de las grandes amenazas que sufren los Humedales puede verse en el AMBA en Tigre, Escobar o la cuenca del río Luján – entre otros -. A pesar, de la simpática noticia de la invasión de carpinchos en algunos barrios cerrados, las urbanizaciones desarrolladas en estas zonas son creadas encima de humedales en los que se rellenan y elevan terrenos, naturalmente inundables, para crear countries o barrios náuticos. Más allá de las consecuencias a largo plazo, a saber retener gases de efecto invernadero y purificar el agua, a corto plazo generan inundaciones en las zonas alrededor de estos countries que suelen ser de áreas más precarias y la invasión de carpinchos no es otra cosa que la biodiversidad (la que logró sobrevivir a la construcción de un barrio) intentando recuperar el terreno perdido.
El Congreso y sus trabas
La historia política de los humedales en nuestro país puede rastrearse hasta 1991. Ese año la Argentina ratificó, mediante la Ley N° 23.919, el Convenio de Ramsar, el marco legal para la acción nacional e internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales, firmado dos décadas antes en la ciudad iraní del mismo nombre.
Si bien se han presentado varios proyectos a lo largo de los años, los pocos que han logrado la media sanción terminaron perdiendo estado parlamentario. Esto se debe, principalmente, al poco respaldo que ha brindado el sector agropecuario a esta ley debido a que temen que se limiten futuras explotaciones.
El 20 de noviembre la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano presidida por Leonardo Grosso (FdT) dio dictamen unificado al Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Uso Racional y Sostenible de los Humedales. De los 15 proyectos presentados en el 2020, oficialismo y oposición lograron ponerse de acuerdo en este proyecto que debía tratarse en el 2021. Aunque el dictamen fue un visto bueno, un año después, el proyecto perdió estado parlamentario y no podrá tratarse nuevamente hasta dentro de un año.
Si bien no son buenas noticias, es un visto bueno para la sociedad que, gracias a la presión de las movilizaciones, se logró presentar un proyecto. Con la experiencia del aborto pasó algo similar, la sociedad exigió, se presentó un proyecto, no pasó, la sociedad sigió poniendo presión y, finalmente, se promulgó. Por ende, la historia muestra que si hay presión social, en algún momento – tarde o temprano – hay resultados positivos.
