El juez Roberto Gallardo citó a dos funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, además de un representante de la empresa Danaide S.A.. Es por el uso irregular de los datos biométricos pedidos por la administración de Rodríguez Larreta.
Es por el uso irregular de los datos biométricos pedidos por la administración de Rodríguez Larreta
El juez porteño Roberto Gallardo convocó a una nueva audiencia para el lunes próximo en la que están citados a declarar dos funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño más un representante de la empresa Danaide S.A., que comercializa soluciones tecnológicas en seguridad electrónica.
El accionar de Gallardo está en el marco de la causa que investiga la utilización irregular de datos biométricos de personas a través del sistema de reconocimiento facial de prófugos, un convenio firmado por el Gobierno de la Ciudad y el Registro Nacional de las Personas (Renaper), durante la gestión nacional de Mauricio Macri.
La audiencia fue fijada por el juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario (CAYT) N°2 de la Ciudad de Buenos Aires, y a la que deberán asistir la coordinadora del Plan Integral de Videovigilancia del Ministerio de Justicia y Seguridad, Cecilia Inés Amigo; el subsecretario de Tecnología e Informática de esa misma cartera, Gastón Navarro; y el representante de Danaide SA, Emiliano Schmid.
La citación está vinculada a que «poseen información y conocimientos técnicos relevantes que pueden aportar un panorama completo y acabado respecto al funcionamiento del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP)».
Además de pedir esta audiencia, que forma parte de la causa en la que se investiga el uso de datos biométricos de casi 10 millones de personas, Gallardo ratificó la vigencia de la medida cautelar que dispuso el pasado 11 de abril, que suspendió el uso de esta tecnología por parte del Gobierno porteño.
El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta recusó al juez Gallardo con el argumento de una supuesta «pérdida de imparcialidad» por parte del magistrado.
La audiencia fue fijada por el juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario (CAYT) N°2 de la Ciudad de Buenos Aires
Pero la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la recusación y lo confirmó en la causa. «El recusante no ha podido demostrar la parcialidad del juez de grado cuyo apartamiento pretende», sostuvieron los jueces Fabiana Schafrik, Carlos Balbín y Pablo Mantaras en un fallo de 28 páginas en el que descartaron que las críticas del Gobierno de la Ciudad a las decisiones del juez no alcanzan para apartarlo del caso.
El sistema de monitoreo del Ministerio de Seguridad porteño, que encabeza Marcelo D’Alessandro, está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas, siempre que se trate de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y marzo pasado llegaron a 40.000.
Pero el dato que hizo dio origen a esta causa es que entre abril de 2019 y marzo de 2022 las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera porteña llegaron a 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial, y que por esa razón figuran en los registros de la CoNaRC.
