La relación entre el Gobierno Nacional y la Corte Suprema de Justicia no pasa por un buen momento y en los últimos días quedó expuesta a través de un pedido que hizo el titular del máximo tribunal del país.
Horacio Rosatti le pidió al Congreso participar de la Asamblea Legislativa a través de la vía virtual, para escuchar al presidente Alberto Fernández desde el Palacio de Tribunales.
Por formalidades, gobernadores, embajadores, funcionarios y los miembros de la Corte Suprema asisten al recinto de la Cámara baja para presenciar año a año el discurso de apertura de sesiones que brinda el Presidente
La respuesta del Congreso fue contundente: no. Según la organización esa posibilidad no estaba habilitada este año, ya superado el peor momento de la pandemia de coronavirus.
Por formalidades, gobernadores, embajadores, funcionarios y los miembros de la Corte Suprema asisten al recinto de la Cámara baja para presenciar año a año el discurso de apertura de sesiones que brinda el Presidente.
El año pasado, los integrantes del máximo tribunal escucharon a la distancia como Alberto Fernández lanzaba críticas al funcionamiento de la Corte y el Poder Judicial.
Si los cuestionamientos se repiten, ésta vez los presenciarán desde el Congreso, si es que finalmente asisten los cuatro jueces.
Tal vez anticipándose a esas críticas, Rosatti disertó esta semana en Paraná y aseguró que los problemas de la Justicia no solo tienen que ver con ese poder, sino también con «la actuación o la falta de actuación» del Poder Ejecutivo y del Congreso.
«Sintamos el orgullo de pertenecer a un poder que lucha todos los días por ser independiente, y lo digo desde una Corte Suprema que se ha mantenido independiente y que se va a mantener independiente de cualquier presión», resaltó el presidente de la Corte.
«Sintamos el orgullo de pertenecer a un poder que lucha todos los días por ser independiente, y lo digo desde una Corte Suprema que se ha mantenido independiente y que se va a mantener independiente de cualquier presión»
Entre los pendientes del Congreso está la ley de reforma del Consejo de la Magistratura. El máximo tribunal declaró inconstitucional en diciembre pasado la actual composición de ese órgano encargado de designar, sancionar y remover jueces.
Además, puso como fecha límite para modificar la integración el 15 de abril. El reloj corre y ni el Consejo se puso de acuerdo aún para sumar miembros ni el Congreso lo hizo para sacar una nueva ley que termine con la discusión.
