El fallo “hiere seriamente a los estados provinciales y al federalismo, violando la Constitución Nacional y las leyes vigentes en materia de Coparticipación Federal de Impuestos”.
“este nuevo atropello judicial protagonizado por la Corte Suprema, que con su reciente resolución intenta beneficiar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de las provincias”
La agrupación de funcionarios judiciales y juristas Justicia Legítima manifestó su “estupor y repudio” por el fallo de la Corte Suprema a favor del reclamo de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional por la coparticipación federal.
Justicia Legítima, una organización cercana al kirchnerismo, denunció “este nuevo atropello judicial protagonizado por la Corte Suprema, que con su reciente resolución intenta beneficiar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de las provincias”.
“Estas acciones forman parte del lawfare o guerra jurídica”, advirtió la organización, que acusó a la Corte de proferir “mentiras y engaños a la sociedad para ocultar sus intereses y favoritismos políticos”.
“Exhortamos a que la Corte actúe conforme a derecho y que los infundados agravios al Presidente y a los gobernadores sean reparados por quienes los ocasionaron injustamente”, añade el documento.
Según Justicia Legítima, la medida cautelar anunciada el miércoles de la semana pasada por el máximo tribunal “hiere seriamente a los estados provinciales y al federalismo, violando la Constitución Nacional y las leyes vigentes en materia de Coparticipación Federal de Impuestos”.
La Corte hizo lugar a un planteo de la Ciudad de Buenos Aires y mediante una medida provisoria le ordenó al Estado Nacional que le pague el 2,95 por ciento de los fondos coparticipables, en lugar del 1,40 por ciento que desembolsa en la actualidad.
“Estas acciones forman parte del lawfare o guerra jurídica”
Justicia Legítima advirtió que la Corte dictó sólo una medida cautelar, “que no ha adquirido firmeza”, que “se ha anunciado será recurrida”, que se reclamará “su modificación con el aporte de pruebas” y que los jueces del tribunal serán “recusados por haber prejuzgado en dicho litigio”.
Pese a ello, el fallo –sostienen- le ha permitido “sin pudor al jefe de Gobierno porteño a acusar maliciosamente al Presidente de la Nación y a gobernadores de atentar contra la democracia cuando se está ejerciendo una facultad legal en una causa”
