Tras cerca de 21 horas de debate y habiéndose escuchado más de 150 discursos, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Fue con 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones, de los radicales Facundo Manes, Pablo Juliano, Marcela Coli y Fernando Carbajal; y la cívica Mónica Frade.
Fue al cabo de un maratónico debate, que incluyó unos 150 oradores. Todavía resta la votación en particular del proyecto, que será por capítulos. El paquete fiscal ya se debatió pero también resta su aprobación
Luego de una tanda de cuestiones de privilegio, se iniciará una nueva instancia que se prevé intensa: la discusión en particular. El gran desafío, a sabiendas de que el 6 de febrero pasado el debate se precipitó en el fracaso tras decidirse la vuelta a comisión, luego de una sucesión de derrotas parciales del oficialismo en la votación de incisos.
El éxito parcial para el Gobierno se consiguió con los votos propios, los de sus aliados -como el Pro-, y los bloques llamados “dialoguistas”, que fueron quienes negociaron la letra de ambas leyes: la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.
En esta sesión la gran diferencia estuvo en el tipo de debate: sin cuarto intermedio, a diferencia de lo ocurrido en el verano, cuando el debate en general consumó tres jornadas, con tres interrupciones. A la cuarta, la primera en particular, sobrevino el traspié.
La sesión se inició a las 12.23 del lunes, con 135 diputados presentes y esta primera instancia concluyó con una votación que tuvo lugar a las 8.49 de la mañana
El arranque fue previsiblemente caliente. Allí, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sometió a votación el plan de Labor Parlamentaria, que resultó aprobado con 140 votos afirmativos, 109 negativos y 0 abstenciones. De esta manera, se estableció que la ley de Bases y el paquete fiscal se tratarían de forma conjunta y su votación fuera por separado. En tanto, la votación en particular se hará por capítulos, aunque algunos diputados reclamaron que algunos artículos se votaran de manera diferenciada. Lo volvieron a hacer después de la votación en general, pero Menem insistió que sería “por capítulos”.
Tras una primera tanda de cuestiones de privilegio, arrancó el debate de la ley de Bases, con la exposición del presidente de la Comisión de Legislación General, Santiago Santurio, quien alertó que “venimos de décadas de decadencia, y tener un Estado ágil con los recursos necesarios para lograr el crecimiento fundamental no es menor. Es un recuso que han usado muchísimos gobiernos, que muchos que hoy van a votar en contra se los dieron a otros gobiernos”.
Para Santurio, “hay una batalla cultural de entender cómo funciona el Estado. El Estado es el principal causante de la deuda, es el principal causante de la presión impositiva que cae sobre todos los argentinos, todas las empresas y en especial sobre las PyMEs, que son las que más les cuesta pagarlo”.
Santurio advirtió que “el mayor riesgo que tenemos en la Argentina es no cambiar, hacer que parezca que todo cambia, pero que nada cambie. Es lo que pasa con la reforma laboral”. Al respecto señaló que “hoy tenemos 6 millones de empleados en el sector privado de manera formal, y 8 millones en el sector privado de manera informal. Y por eso se hizo la vista gorda, se miró para un costado durante muchísimo tiempo, y no se cambió nada”.
De cara a la votación en particular se haga por capítulos. Sin embargo, en Labor Parlamentaria, la oposición pidió que en algunos temas puedan votarse artículos puntuales. Aunque el consenso es mayoritario, los bloques dialoguistas tienen planteos como, por ejemplo, la incorporación de impuestos internos al tabaco en la ley de Bases. En tanto, la UCR insistirá con sumar más cambios en la reforma laboral, precisamente los que rechazan desde el sindicalismo.
A continuación, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, sostuvo que “Argentina se encaminaba a una crisis homérica, podemos discutir si era hiperinflación, un 2001, un Rodrigazo, o la crisis Martínez de Hoz. Estamos saliendo desde ahí y lo vamos a lograr”, sostuvo y defendió que “este paquete fiscal es el primer ladrillo de un sistema impositivo mucho más razonable que tenemos que lograr”.
Para el oficialista, “es solo el comienzo de un proceso de reforma impositiva que reduzca a no más del 10% los más de 150 impuestos que sufridamente los argentinos pagan”. “Tenemos que ir a un camino que implique un sistema impositivo más claro, más cristalino, que nos permitirá en un tiempo bajar los impuestos al consumo, para luchar efectivamente contra la pobreza; y también tener un sistema impositivo que no sea distorsivo para poder entrar a la OCDE, el club de los países más ricos del mundo, que espera que Argentina se abra al comercio”, continuó.
Por los dictámenes de minoría, el primero en hacer uso de la palabra fue el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, quien advirtió sobre “la delegación abusiva de facultades que le estamos dando al presidente” y remarcó la “inconstitucionalidad” de ambos proyectos.
En nombre de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, anticipó: “Vamos a votar a favor lo que consideramos pertinente y en contra lo que nos parezca porque miedo no tenemos de criticar o de apoyar”
Al exponer sobre el dictamen de minoría de su espacio explicó: “Proponemos una declaración de emergencia sin delegaciones”, y cuestionó: “En el dictamen de mayoría ahora falta la emergencia en seguridad me acuerdo algún ingrato diputado oficialista que dijo que porque no se había votado en la Ley Bases el narcotráfico estaba arrasando Rosario, ahora no trajeron nada de eso porque era mentira porque no paran de hacer campaña con las cosas más sensibles del país y con el humor social que está a flor de piel”.
Sobre privatizaciones coincidió y destacó que “han tomado algunas cosas que están bien como políticas de buen gobierno de empresas públicas, derogaciones de preferencia, de contratación directa”, pero criticó que sacaron Banco Nación y las subsidiarias y señaló:
“Hay muchísimas empresas públicas para privatizar y con transparencia”. Respecto de procedimientos administrativos, empleo público, concesiones López afirmó su acompañamiento, pero se distanció sobre el capítulo de reforma laboral y apuntó: “Queríamos más. La cuota sindical evidentemente hay que hacer algo. Es la deuda de la democracia. Quiere tapar el acuerdo”
Sobre las políticas de calidad regulatoria manifestó: “Queremos establecer estándares claros de calidad de regulación para que los marcos regulatorios no sean un traje a medida como vienen siendo en el país, sino donde todos puedan competir. Energía es un capítulo que viene hacer rato. Previsional ya dijimos que estamos alegres que podamos tener dictamen la próxima semana”.
El diputado de la CC sostuvo que entre las medidas fiscales “hay algunas que faltan, estaban en el paquete inicial y se sacaron como tabaco, juego, reducción del gasto tributario que venimos haciendo, Tierra del Fuego porque no puede ser que en el país los celulares sean artículos de lujo entonces bajemos y liberemos ese tipo de comercio para que la gente pueda tener ese artículo de necesidad básica”, y cerró: “Tenemos que ser valientes, discutir las cosas y votar lo que está bien y votar con mucha fuerza lo que está mal”.
Por su parte la diputada Margarita Stolbizer explicó que el dictamen de minoría suscripto junto a la socialista Mónica Fein: “Reconoce que existe una emergencia administrativa, económica, financiera, pero pedimos un plan”, y cuestionó que el proyecto del Ejecutivo “carece de un plan”. Sin embargo, reconoció que “el nuevo gobierno necesita las herramientas para llevar adelante un plan, aunque no coincidamos con ese, pero necesitamos que lo expliquen”, y anticipó el recazo “a las facultades delegadas porque tienen que tener una base que expresen un plan de gobierno y la finalidad pública”.
“La delegación de facultades necesita siempre una declaración de emergencia, pero el propio presidente dice que todo está tan bien y prácticamente deberíamos decir que no hay emergencia”, cuestionó y agregó: “Compartimos el objetivo del equilibrio fiscal, pero no compartimos que se busque a costa de las espaldas de los sectores más pobres y sectores medios más perjudicados por las políticas de ajustes del Gobierno y lejos de poner fin a los privilegios y negocios que se siguen favoreciendo”.
“No creemos en que las herramientas que el presidente pretende sirvan para acompañar la crisis. Declaramos la emergencia, acompañamos las herramientas que creemos que sean necesarias y proponemos un trabajo en común porque así funciona la democracia. Evitar la convocatoria a comisiones específicas para dictaminar sobre un proyecto que tiene muchos capítulos no es buen camino porque nos lleva a mayores riesgos sobre malos resultados. Podemos combinar la emergencia con los principios democráticos. Queremos una ley que contenga estos dos puntos”
“Vamos a votar en contra, no solo de todas las facultades delegadas propias del Congreso al Ejecutivo de la Nación que están en el capítulo de reforma del Estado artículos del 2 al 6, hay que votar en contra de todo el capítulo, vamos a votar en contra de muchas de las otras facultades delegadas que están encubiertas engañosamente en otros artículos como el 158, 159, 160 referidos al tema de energía”, resumió y cerró: “Vamos a plantear diferencias en el capítulo de empleo público en el que se quiere llevar al empleado público a la condición del sector privado violando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Todo el contexto de la ley es una proclama de privilegios que se destinan al sector privado de grandes grupos económicos y no hay ventajas para las PyMEs”.
Por el Frente de Izquierda, habló el diputado Christian Castillo quien alertó que el dictamen de mayoría “tiene violaciones al reglamento de la Cámara porque incluyó todo un capítulo de reforma laboral que no fue tratado en el debate y no pasó por comisión. Incluyó la liquidación de la moratoria previsional sin pasar por la comisión. Es un dictamen inconstitucional tanto en lo que hace a las facultades delegadas y a la violación del artículo 14 bis en la estabilidad del empleo y la regresividad de las relaciones laborales”.
“Estas dos leyes que se están sometiendo a debate son un agravio a los trabajadores, son un ataque de gran magnitud entre la reforma laboral, el retorno del impuesto a las ganancias, y el quite de moratoria previsional y privatizaciones. Estas leyes son antipopulares y de entrega nacional”, advirtió y agregó: “Esta es una ley de bases para la destrucción nacional”
Castillo planteó que “tiene la inconstitucionalidad de facultades delegadas que se liga con el artículo 2 y 3. Este Congreso no puede delegar la facultad de legislar y ya sabemos que lo quieren emplear para los DNU, tarifazos, para cerrar empresas, echar empleados”. Así, advirtió que con la reforma del Estado “desaparecería el Conicet o la Agencia de Discapacidad”, y rechazó el tema de privatizaciones, contratos de obras públicas para liquidarla, blanqueo “como premio a evasores”.
“Le están sacando derechos a los trabajadores y violando tratados internacionales, mano libre a las petroleras para que suban el precio de los combustibles como quieran, moratoria previsional es repugnante. La Ley fiscal es un robo descarado, beneficio a los más ricos del país”, cerró, mientras que su compañera Romina del Plá calificó el proyecto como “una reverenda porquería”.
Expresiones de bloques
A su turno, el diputado de UP Carlos Heller apuntó contra el oficialismo porque con el proyecto “quiere bajarle impuestos a los que más tienen y a gravar a los que menos tienen, es lo que quieren hacer con Impuesto a las Ganancias y lo que quieren hacer con Bienes Personales. No es que no hay plata, quieren seguir favoreciendo a los ricos, en detrimento de las grandes mayorías populares”.
Nicolás Mayoraz defendió que la ley Bases “es el principio de un camino que la gran mayoría de los argentinos ha decidido emprender. Para salir de esta situación crítica es necesario estos presupuestos que proponemos en el proyecto de ley que ha sido largamente debatida”
“Este proyecto de ley es perfectamente conocido por ustedes. Los capítulos que estamos tratando apuntan a devolverle una parte de la libertad que los argentinos han ido perdidos con el tiempo en todos los niveles. La emergencia económica, administrativa, financiera y energética es necesario que se declara para que el Estado pueda intervenir y con las delegaciones que se le atribuye empezar con las reformas que necesita hacer para destrabar los procesos productivos demorados”, defendió el santafecino y agregó: “La reforma del Estado, privatizaciones, modificación de la ley de procedimientos administrativos, son indispensables. Tenemos un Estado elefantiásico que ha perdido su razón de ser”.
“La promoción del empleo registrado y la modernización laboral es indispensable para despegar y hacer que este país aproveche todos los recursos para no tener trabajadores en la informalidad. El RIGI es el puntapié que tenemos que dar para salir de esta economía empobrecida en la cual nadie quiere invertir”, destacó y cerró: “En materia de energía las reformas son indispensables porque tenemos recursos como gas y petróleo que necesitan modernizar su regulación para que las contrataciones y concesiones atiendan a las nuevas modalidades de explotación”.
La flamante vicepresidenta tercera de la Cámara, Silvia Lospennato, planteó que “esta ley no sería necesaria si no fuera para revertir la tragedia que produjo el relato kirchnerista”, y ratificó el apoyo de su espacio a los proyectos.
A su turno, la vicejefa del bloque UCR, Karina Banfi, manifestó que “es una ley fruto de la discusión y consensos”, y resaltó que “es una norma que apuesta a sacarnos en la trampa de la frustración en la que estamos, que nos permita tener una hoja de ruta renovada y nos de esperanza”.
“La ley Bases propone cambios profundos, una economía liberada de ataduras burocráticas y regulativas. Una reforma administrativa que pone al Estado en cumplimiento. Apunta a dotar en el proceso de privatizaciones de resguardos institucionales que aseguren transparencia y equidad. Esta novedosa propuesta nos permite contar de valiosos recursos de innovación en la administración pública como es el gobierno público, con mayor transparencia, con participación ciudadana, rendición de cuentas y adecuación a estándares internacionales”, describió Banfi y aclaró que “la delegación de facultades no son un cheque en blanco porque existen procedimientos institucionales que mantienen el control político del Congreso”
