Esta mañana el gobierno publicó en el Boletín Oficial un nuevo acuerdo con el FMI; sin embargo, la letra chica del entendimiento se mantiene bajo estricta reserva; el Gobierno sostiene que el desembolso, del cual no precisó el monto, será para cancelar la deuda que el Tesoro tiene con el Banco Central.
El presidente Javier Milei firmó este lunes el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que busca cerrar formalmente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin necesidad de que sea aprobado por ambas cámaras del Congreso. La medida fue publicada durante la madrugada del martes mediante el decreto 179/2025.
Se trata de un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) con un plazo de diez años, cuyo pago comenzaría en 2029 y se extendería hasta 2035. Este nuevo programa contempla un desembolso —aun sin monto oficial— que será utilizado para cubrir pagos de capital e intereses de la deuda externa, así como para cancelar las letras intransferibles del Tesoro en poder del Banco Central.
Tras la publicación del DNU, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuenta con diez días hábiles para remitir el instrumento al Congreso, donde será tratado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Esta comisión también tendrá diez días hábiles para emitir un dictamen. La semana pasada, el Gobierno ya había anticipado la firma del decreto mediante un comunicado oficial, en el que solicitaba respaldo parlamentario al acuerdo.
La Comisión Bicameral tiene un rol clave en este proceso, ya que debe emitir un dictamen sobre el DNU, aunque su tratamiento no es vinculante. Luego, el decreto pasa al recinto y se mantiene vigente, salvo que sea rechazado por alguna de las dos cámaras del Congreso. Es decir, si una sola cámara lo desaprueba, el DNU pierde validez. No obstante, la decisión del Ejecutivo de avanzar por esta vía genera tensiones con la Ley N.º 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, impulsada por el exministro de Economía, Martín Guzmán. Esta normativa, sancionada en 2021, establece que todo acuerdo de financiamiento con el FMI u otros organismos multilaterales debe ser aprobado por el Congreso mediante una ley.
El objetivo de esta ley fue fortalecer el rol del Parlamento en las decisiones sobre endeudamiento externo, exigiendo un debate legislativo para evitar situaciones como la firma del acuerdo con el FMI en 2018, que se concretó sin intervención del Congreso. También apunta a garantizar un mayor control democrático sobre decisiones que comprometen el futuro económico del país.
“El dinero que ingrese del FMI, el Tesoro lo utilizará para cancelar parte de su deuda con el Banco Central, de modo tal que la deuda bruta no sube y, en caso de que se utilice, para rescatar títulos cuyo valor de mercado está por debajo de la par, la misma caerá. Por lo tanto, el acuerdo con el FMI busca restaurar el patrimonio del BCRA, para que de este modo la inflación sea solo un mal recuerdo del pasado”, explicó el Presidente.
Desde el Gobierno insisten en que el acuerdo con el FMI no implica un aumento del endeudamiento externo, sino que se trata de un préstamo directo al Tesoro.
Con este nuevo paso, el Gobierno busca avanzar en su programa económico, alineado con la meta de estabilizar las cuentas públicas y contener la inflación. Sin embargo, el debate político y legislativo en torno al DNU y al acuerdo con el FMI promete mantenerse abierto, en un contexto en el que las decisiones sobre el endeudamiento externo siguen generando tensiones y planteando interrogantes sobre su impacto a largo plazo en la economía del país.
