Mientras la oposición se endurece y bloquea el debate en el Congreso, desde el oficialismo presionan para que el presidente instrumente medidas por DNU.
Capitanich, manifestó que los proyectos en cuestión deben instrumentarse «a través del Decreto de Necesidad y Urgencia»
El poder económico eligió un candidato, lo financia con recursos de las provincias y garantiza la inmunidad e impunidad mediante el control del Poder Judicial para la designación y remoción de jueces y la aplicación de medidas disciplinarias.
— Jorge Capitanich (@jmcapitanich) January 11, 2023
Frente al bloqueo del Congreso de la Nación que Juntos por el Cambio anunció en rechazo del pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, manifestó que los proyectos en cuestión deben instrumentarse «a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)».
El ex jefe de Gabinete nacional aseguró que el «bloqueo político institucional de Juntos por el Cambio» en el Congreso «denota connivencia» entre la coalición opositora y la Corte Suprema.
Y, en declaraciones radiales, manifestó que los proyectos de ley «tienen que contar con el máximo consenso, pero si no hay ese consenso, por el consenso social y ciudadano que tienen, hay que ir y trabajar por la instrumentación a través del Decreto de Necesidad y Urgencia».
El planteo de Capitanich se dio luego de que el Gobierno nacional convocara la semana pasada a sesiones extraordinarias para que el Congreso de la Nación debata entre el 23 de enero y el 28 de febrero más de una veintena de proyectos de ley, entre los que se encuentra el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia.
En relación al pedido de juicio político a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, el Frente de Todos presentó en Diputados el texto de 84 páginas en el que acusó a los magistrados por «mal desempeño de sus funciones» debido, principalmente, a tres razones: el fallo sobre los fondos coparticipables que benefició a CABA, la decisión sobre el Consejo de la Magistratura que dejó en el limbo una ley vigente aprobada por el Poder Legislativo y la filtración de los chats entre el asesor de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad porteño (en licencia), Marcelo D´Alessandro.
«Los jueces no deben decidir sobre la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones, (…) ni imponer su criterio de eficacia económica o social al Congreso Nacional, en tanto el control de constitucionalidad no autoriza a la Corte a sustituir en su función a los otros poderes del gobierno», argumentaron desde el oficialismo para validar su acusación.
Luego de más de dos meses, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio volvió a reunirse entonces para rechazar el tratamiento del pedido de juicio político, y en un comunicado expresaron que «mientras siga este atropello contra la Corte no vamos a prestar quórum y darle viabilidad a ningún proyecto que impulse el Gobierno Nacional o el Frente de Todos».
la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio volvió a reunirse entonces para rechazar el tratamiento del pedido de juicio político
Asimismo, la coalición opositora señaló que si el Frente de Todos consigue el quórum, van «a bloquear desde el debate”; puesto que el oficialismo tiene 16 de los 31 miembros para poder iniciar la apertura del sumario en la comisión de Juicio Político.
Si bien es sabido que el oficialismo no alcanza a lograr las dos terceras partes de los votos requeridos para aprobar el dictamen en el recinto, desde el Gobierno nacional aspiran a que el proceso de apertura del pedido de juicio político sirva para difundir la posición oficial sobre el cuestionable desempeño de la Corte Suprema.
Días atrás, el propio Capitanich manifestaba que «el poder económico eligió un candidato, lo financia con recursos de las provincias y garantiza la inmunidad e impunidad mediante el control del Poder Judiical para la designación y remoción de jueces y la aplicación de medidas disciplinarias».
